La Justicia peruana ha procesado a los tres interventores nombrados por la Generalitat de Cataluña en julio de 2007 para gestionar la fundación Intervida, por apoderarse de más de 15 millones de dólares que debían haber sido transferidos desde hace un año a este país latinoamericano para ayudar a más de 200.000 niños en situación de extrema pobreza, según informa El Mundo.
La causa iniciada por la denuncia de un ex trabajador de la ONG -en busca y captura por estafar a la fundación- se hizo pública después de que una fiscal de Barcelona presentara una querella contra los directivos de la asociación acusándoles de desviar dinero de los padrinos para lucrarse, hecho del que hasta la fecha no ha aparecido prueba alguna. La juez ordenó a la Generalitat que nombrara tres administradores judiciales. Los tres interventores bloquearon el dinero que los padrinos enviaban a Perú, donde Intervida creó Solaris hace cuatro años, otra asociación que gestionaba los millones de dólares que llegaban desde España.
